En defensa de lo público y II.

En los tiempos que corren, en estos tiempos de CRISIS IMPUESTA por la usura capitalista, la especulación banquera y los mal gestores políticos, el empleo público una vez destruido el tejido empresarial privado de pequeña y mediana empresa, sobre todo la autóctona, es la salvaguarda de puestos de trabajo no sólo fijo o funcionario si no también eventual.
En España, con el espejo de la Europa más reaccionaria donde mirarse, nuestros grandes empresarios apoyados por una banca traicionera anclada en un excesivo interés por darnos calabaza a precio de oro y unos políticos mirándose el hombligo con los bolsillos llenos del erario público el objetivo es: la destrucción del empleo público fijo e indefinido atacando los "privilegios" de los Funcionarios.
¿En qué se fundamenta esta teoría? En la bancarrota de ese erario público. Sus gestores políticos (tod@s ell@s) son los responsables de un despilfarro sin precedentes. No es lícito que existan empleados públicos (fijos, funcionarios o eventuales) en áreas de obras públicas (o infraestructuras) que atiendan sólo a obras menores, licitando las obras mayores a empresas semiprivadas o privadas. Esto crea vicios mal sanos en la prestación de servicios y holgazanería en esos empleados públicos porque no existe la racionalización tanto en el gasto como en la organización y planificación. Es ahí donde está el problema. ¿A quién interesa que eso ocurra así? Hay una Ley de Bases de Régimen Local donde se arbitran los elementos para privilegiar al político en detrimento del ciudadano. Las mejoras municipales llegan beneficiadas por subvenciones provinciales, autonómicas o nacionales que inciden de manera leve sobre la población pero de la que se saca un rédito político cuando se acercan las elecciones. Al menos es así conociendo la población en la que nos movemos como personal laboral.
Sigo diciendo que el mayor problema está en la mala gestión económica que se realiza en los Ayuntamientos y en la negación de coordinación, organización y planificación. Y como ya dije en el anterior comentario de hace unos días: los que vamos a pagar el pato de este desastre somos los empleados públicos; no los gestores políticos. Al empleado público se le puede ECHAR según las normas establecidas. Un político cambia de empleo por muy negligente o incompetente que sea. Con esto no quiero decir que los trabajadores públicos no tengamos culpa también. En esto voy a intentar ser lo más realista y objetivo que pueda. Pero será para la próxima.
Salud.